Para nadie es un secreto que la emergencia sanitaria producto del surgimiento del virus SARS-CoV-2 tomó por sorpresa a prácticamente el mundo entero, y que las medidas de confinamiento y distanciamiento social han venido en detrimento de un sinnúmero de actividades productivas; que desembocarán en una contracción económica de la cual Costa Rica no está exenta.
Las autoridades tanto del ejecutivo como del legislativo han actuado de diversas maneras con el fin de evitar que esta situación tenga consecuencias aún peores sobre el empleo en general, y la preservación de los flujos de caja de los agentes económicos; con una consecuencia importante sobre las finanzas públicas, principalmente por la disminución en la recaudación de ingresos tributarios que no es compensada con una reducción en proporciones similares en el gasto, con un inminente aumento en el déficit financiero del gobierno central, estimado para este año en un 8,6% del Producto Interno Bruto, esto si las medidas propuestas por el Ministerio de Hacienda tienen la venia de la Asamblea Legislativa en lo que resta del año.
Una de las medidas anteriormente señaladas consiste en el financiamiento por parte de organismos multilaterales, donde se destaca un crédito hasta por $508 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es importante destacar que esta posibilidad es relevante en cuanto a la prevención de que los efectos negativos de la crisis se profundicen en el tiempo, contrario a lo sucedido a nivel internacional en etapas anteriores de dificultades, como por ejemplo la famosa crisis de 1929.
Ahora bien, es importante destacar algunos detalles que surgen a partir de la decisión que tomó el país de acceder a los fondos de estos organismos. Se debe recordar que el financiamiento ofrecido presenta condiciones favorables en términos de la tasa pactada y el periodo de gracia que se establece para el inicio de los pagos; para la coyuntura actual es muy beneficioso, sin embargo, se presenta un alto riesgo para el gobierno que sea electo a partir de 2022, pues no hay una certeza de la extensión real de la situación económica adversa, por lo que un peligro de que además de los vencimientos de deuda ya existentes no se logren honrar (cerca de la mitad del total de la deuda del país se vence en los próximos 10 años) se puede ver incrementado por esta carga adicional.
Y es que la incertidumbre potencia esta posible preocupación, pues estas líneas de crédito podrían verse incrementadas de ser necesario, por lo que debe ponerse en la balanza la atención urgente en la actualidad de las necesidades de financiamiento, con una actitud cortoplacista que incentive un endeudamiento excesivo.
Cabe destacar que es normal que el FMI condicione sus aportes a elementos relacionados con la estructura del gasto estatal, por lo que queda en el aire cuáles serán las acciones reales del ejecutivo para ser consecuentes con el discurso que se ha venido expresando, y que deberá tomar más fuerza a partir del acceso a estos créditos.
Un tema paralelo, pero importante de señalar, es que Costa Rica, además de buscar préstamos de este tipo, también debería tomar una actitud propositiva ante algunos discursos a nivel internacional en cuanto a complementar las ayudas con elemento de reestructuraciones o condonaciones de las deudas ya existentes; permitiendo que los países, principalmente los que se encuentren en vías de desarrollo, puedan destinar esos recursos al gasto en salud y en atención tanto de la situación sanitaria como de la colaboración con las poblaciones más vulnerables. En la mesa existen propuestas interesantes, como la realizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en esta línea.
Por lo pronto, nos corresponde a todos colaborar con el fin de que las dificultades no se prolonguen, y que este tipo de soluciones sean utilizadas en la menor medida que la circunstancia lo amerite.
Prohibida la reproducción parcial o total sin autorización de Ecoanálisis.
