Atavismo: Comportamiento que hace pervivir ideas o formas de vida propias de los antepasados.
La negativa de muchos sectores de nuestra sociedad, encabezada por el propio Presidente Alvarado, de cerrar ad portas la posibilidad de replantear el rol que juegan en nuestra economía las empresas comerciales del Estado es claramente un ejemplo de este comportamiento.
Esta revisión es aún más importante cuando estas empresas mantienen de forma explícita o implícita facultades que exceden el ámbito empresarial y caen en el ámbito regulatorio, como son el régimen de riesgos del trabajo que administra el INS y la administración de la red de interconexión y distribución eléctrica que gestiona el ICE.
Un elemento fundamental en esta revisión es el relativo a su propiedad: si debe el Estado mantener el 100% del capital de estas compañías o si por el contrario, existen potenciales beneficios de permitir a terceros, sean inversionistas institucionales como los fondos de pensión, socios estratégicos o inversionistas individuales, poder ser codueños de estas empresas.
En América Latina se ha dado este proceso desde la década de los 80s con variado éxito. Primero fue Chile, donde la privatización de las empresas públicas, resultado de una política explícita por cambiar la forma en que el Estado definía su rol, fue la semilla que al germinar impulsó el desarrollo de su mercado de capitales y que no solo permitió el crecimiento de las empresas sino que a su vez permitió canalizar el ahorro interno para llenar importantes déficits de infraestructura en sectores como telecomunicaciones, puertos, industrias primarias y salud.
En otros países, como fue el caso de Argentina, México y Perú, las privatizaciones fueron impulsadas por la necesidad de recursos del Estado, con el objetivo de solucionar las crisis fiscales que enfrentaban estas economías, con elevadísimos niveles de deuda y déficits estructurales que impedían su pago. En estos países las privatizaciones fueron muy controversiales pues no se dieron con transparencia y en muchos casos sin un marco regulatorio adecuado. El caso colombiano fue particular pues, aprendiendo de las lecciones regionales, procuró crear condiciones para garantizar resguardar el interés público y además tuvo no solo privatizaciones, sino que incorporó alternativas de propiedad mixta púbico privadas y procesos de democratización.
Específicamente en el caso colombiano, las privatizaciones se consideraron como un instrumento para para promover la eficiencia empresas públicas por parte del Estado en especial las prestadoras servicios públicos. De igual forma, atender la carencia de recursos para hacer las inversiones que estas empresas necesitaban para ser más eficientes. Lo anterior sumado a los procesos de corrupción y de politización justificaron la necesidad de que el Estado vendiera su participación o buscara nuevos socios que estuviesen dispuestos a invertir capital en dichas empresas públicas. El gobierno de Cesar Gaviria fue el impulsor de las privatizaciones a principios de los años 90 como parte del programa de liberalización económica. Adicionalmente, y como fue el caso en Costa Rica, se aprobaron reformas legales que abrieron la puerta al sector privado a la tenencia y operación de servicios públicos buscando impulsar la eficiencia administrativa a través de un aumento en los índices de cobertura y calidad de ellos. Lo anterior generó que en sectores como el de generación y distribución de energía eléctrica o en el de telecomunicaciones se privatizaran varias de las empresas prestadoras. Y fue en la siguiente década que se impulsaron mas bien procesos de democratización por vía de la apertura de capital a través de emisiones primarias enfocadas a las personas naturales y a los fondos de pensiones de empresas públicas de propiedad estatal.
Las iniciativas de privatización y democratización requieren de un mínimo de estabilidad política y económica del país. Además, la voluntad política del gobierno es fundamental para superar las resistencias en contra por parte del lobby de quienes mantener el statu quo, propiciado en su mayoría por los sindicatos de las empresas públicas, dado que estos tienen demasiada injerencia, y en muchos casos, son precisamente las prebendas excesivas impulsadas por estos agentes desvinculadas a la productividad de la empresa las causantes de la quiebra misma de la empresa ( en Colombia fue el caso de la Empresa nacional de ferrocarriles y de la Empresa Puertos de Colombia, en Costa Rica, JAPDEVA). No obstante, estas decisiones toman tiempo, pues es necesario preparar los marcos y las instituciones oportunas para llevar a cabo este proceso. Por último, es deseable de ser posible contar con el aval de organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o La Corporación Andina de Fomento (CAF), junto con otros bancos de desarrollo que respalden al gobierno en estos programas y que validen ante la opinión pública las ventajas y bondades de llevar acabo estos procesos.
Las democratizaciones, ejecutadas adecuadamente, traen consigo beneficios para todos los actores de la sociedad. Por esta razón, renunciar a ellas sin hacer un análisis de sus costos y beneficios lleva a concluir que esta actitud es un reflejo de convicciones atávicas que pueden generar fáciles ganancias políticas a costa de grandes oportunidades perdidas para el país. La ya inminente campaña electoral es la instancia ideal para elevar a la discusión nacional tan importante tema.
Socio Consultor Ecoanálisis
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