Difícil es no caer en lugares comunes al presenciar la comedia de errores que una vez más nos regalan las autoridades de la administración Alvarado. En un tema tan trascendente como la posición del país al iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y luego de una precipitada convocatoria a los diputados para informarlos acerca de las medidas que serán propuestas, el Ministro de Hacienda, quien era de esperar estuviera en esa reunión, pero no lo estuvo, sale a contradecir a sus colegas de la Presidencia y Planificación. No solo eso, sino que lo hace sin ser claro en las acciones que van a sustituir las propuestas descartadas.
Al día de hoy, y aun dándole el beneficio de la duda a la matemática de los técnicos que un día dicen que un impuesto va a rendir 0.12% del PIB y a los dos días al “afinar el lápiz” pasa a rendir casi el doble, se desconoce quién va a pagar nuevos impuestos por 0.3% del PIB para completar el 1.5% ofrecido inicialmente al FMI.
Si bien la nueva propuesta es más balanceada en términos de disminución del gasto y aumento en impuestos, adolece de un marco que le dé credibilidad. Como bien lo han señalado representantes del sector privado, un ejercicio de suma y resta que busca un equilibrio fiscal en el corto plazo solo es sostenible si va acompañado de acciones que liberen el potencial productivo de nuestra economía. Se requiere de una visión mucho más ambiciosa en su alcance, más integral en su enfoque y clara en su ejecución.
Si se está planteando un acuerdo que busaca una solución del déficit fiscal en el año 2034, ¿cómo es posible que no se incluya un mapa de ruta de los objetivos para el país en el largo plazo? Sabemos que queremos tren eléctrico, que queremos ser carbono neutrales y, a como pintan las cosas, que los empleados públicos nunca más van a tener aumentos salariales. Lo demás, ante la ausencia de una propuesta, pareciera estar bien.
Desafortunadamente todos sufrimos la realidad. No se reconoce la crisis que enfrenta en muchos sectores la gestión estatal; el efecto que la prestación de servicios públicos mal regulados en condiciones monopolísticas tiene sobre los pequeños y grandes emprendedores; el costo de oportunidad de insistir en modelos de prestación de servicios de salud con gastos 70% mayores a alternativas ya probadas, que le permiten a la Caja dar más por menos sin quitarle control ni autonomía; la insistencia en mal interpretar la protección al consumidor con registros sanitarios y fitosanitarios que demandan volver a registrar productos ya en el mercado pues venció su registro, aún cuando la medicina o el insecticida siguen siendo el mismo; la descoordinación institucional, donde el Ministerio de Salud pide un requisito de las municipalidades y estas piden primero el visto bueno del Ministerio de Salud; en fin, que la crisis fiscal es solo el síntoma y no la enfermedad.
Este es el reto. Pedirle a los costarricenses que pagan impuestos más impuestos, se rebajen el salario y pierdan el trabajo para quedarse en el mismo lugar no tiene sentido ni opciones de éxito. Si nos piden pagar, debe ser porque al final del viaje llegaremos a un mejor lugar. Es en esto en lo que realmente debemos ponernos de acuerdo. Cuál es la Costa Rica que queremos rescatar, la queremos construir.
Socio Consultor Ecoanálisis
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