La crisis causada por la atención del COVID-19 ha obligado a adoptar medidas extraordinarias. Casi todos los países de la región han emprendido medidas para tratar de proteger el empleo y disminuir los efectos del parón económico sobre el crecimiento y la generación de ingresos.
Por ejemplo, el gobierno peruano brinda un bono salarial de 35% por cada trabajador con rentas bajas que se mantenga dentro de la empresa. En Chile, el gobierno otorga un bono a las micro y pequeñas empresas que consideren al menos el 30% de la inversión en herramientas tecnológicas para la digitalización del trabajo. Paraguay, por su parte, implementó un subsidio del 25% del salario mínimo legal vigente para las micro, pequeñas y medianas empresas, para que continúen cotizando para la seguridad social. Por último, Colombia creó el “Programa de Apoyo al Empleo Formal”, el cual brinda un subsidio del 40% del salario mínimo sobre la nómina de aquellas empresas que vieron disminuidas sus ventas en un 20%.
¿Cuál es el común denominador de estos programas de apoyo? Están destinados a cuidar el empleo formal, están focalizados hacia las personas de menores ingresos y provienen de gobiernos que, previo a la crisis, tenían una posición fiscal consolidada.
En Costa Rica no se cumplieron ninguno de estos tres criterios. Primero, el bono “proteger” no está destinado a mantener a las personas trabajando, ni a que se formalicen (o sea, que coticen para la Caja Costarricense del Seguro Social – CCSS), sino todo lo contrario, pues quien trabaje jornada completa no califica para el subsidio. De hecho, le tomará muchos años a la CCSS, si es que acaso se logra, regresar a tener el nivel de formalidad que se registraba antes de la crisis del COVID-19
Segundo, el bono no se focalizó hacia los más necesitados, sino que su aplicación fue indiscriminada a tal punto que posteriormente se detectaron casos de privados de libertad, empleados públicos y personas aplicando desde Nicaragua que recibieron el subsidio. De hecho, las cifras al 30 de junio muestran que 961.439 personas solicitaron el bono “proteger”, de los cuales, solo el 22% corresponden a desempleados y el 16% a empleados con reducción o suspensión de jornada. Sin embargo, la Encuesta Continua de Empleo muestra que la cantidad de desempleados en el país creció en 158.535 entre el último trimestre del 2019 y el trimestre que va de marzo a mayo de 2020. Entre estos mismos periodos, los subempleados habrían subido en 35.131 personas de acuerdo con estas mismas fuentes. O sea, la suma de ambas cifras arroja un total de 193.666 personas con problemas adicionales de empleo a causa del COVID-19, lo cual representa un 20% de las personas que solicitaron el bono “proteger”. El otro 80% tenía problemas de empleo previos a la pandemia o, como en la mayoría de los casos, no pertenecen a la fuerza de trabajo.
Tercero, el gobierno de Costa Rica no está en capacidad financiera de brindar un subsidio de este tipo pues es uno de los países de América Latina con el manejo más irresponsable de las finanzas públicas, tal y como lo comprueban las múltiples degradaciones que ha sufrido la deuda soberana en los últimos 5 años por parte de las agencias calificadoras de riesgo. A pesar de ello, el gobierno se mostró muy presuroso en ofrecer este subsidio, ante una clausura precipitada de la economía, en una época en la que el país registraba escasas decenas de casos de COVID-19 por día. El resultado fue que el gobierno no pudo dar abasto con la demanda pues al 30 de junio solo pudo atender el 55,5% de la demanda del subsidio.
En síntesis, el bono “proteger” está mal diseñado pues tiene los incentivos invertidos. ¿Qué tal si hubiésemos creado el bono “trabajar”? O sea, un bono mediante el cual, la gente con carencia de ingresos que haya perdido el empleo a causa de la atención del COVID-19, se le ofrece un trabajo temporal mediante el cual el Estado recibe un servicio para cubrir una necesidad que de todas formas tendría que atender, durante o posterior a la pandemia. De cualquier forma, el Estado siempre necesita darles mantenimiento a los edificios públicos como escuelas y hospitales, limpiar y pintar carreteras, mejorar la conectividad informática de los estudiantes, dar atención psicológica para atender las crisis de los empleados y estudiantes, reparar y enderezar vehículos públicos, diseñar obras viales y de infraestructura, orientar para la reactivación económica, y así, una lista interminable de necesidades. De esta forma se alinean los incentivos de los desempleados y hacemos rendir más el dinero de los subsidios, pues la gente que no tiene necesidad de trabajar no podría optar por este subsidio. Además, se colabora con las maltrechas finanzas de la CCSS pues estas personas podrían continuar contribuyendo, en lugar de seguir endeudando al Gobierno con esta institución, al tiempo que se evita el incremento en el empleo informal.
Socio Consultor Ecoanálisis
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