Una de las propuestas del Gobierno hechas al FMI pretende acceder a parte de las utilidades de 14 empresas públicas del Estado por un periodo de cuatro años para atender el pago del servicio sobre la deuda del Gobierno Central. El proyecto pretende recaudar cada año un monto equivalente al 0.2% del PIB mediante un “aporte solidario” de hasta el 30% de las utilidades.
¿Cuál será la consecuencia de esta medida? En el caso de las empresas que las tarifas son establecidas por la ARESEP, como AyA, RECOPE e ICE, pareciera un sinsentido que estas tengan utilidades si la labor de ARESEP es asegurarse que los servicios se brinden de manera eficiente y a costo. Sin embargo, la autoridad reguladora les permite tener utilidades siempre y cuando sean destinadas a inversiones de capital necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios.
Así, al reducirse las utilidades, se tendrá que posponer proyectos de inversión afectando la calidad de los servicios o, en su defecto, provocar un aumento en las tarifas para poder financiar dichos proyectos y el “aporte solidario”.
Efecto sobre los bancos. El Banco Nacional y el Banco de Costa Rica -los incluidos en la propuesta del Gobierno- ya contribuyen al Estado con un 30% de sus utilidades por concepto de renta y con otro 33% por cargas parafiscales. El resto se destina a aumentar el patrimonio del banco.
Las normativas vigentes obligan a los bancos, tanto públicos como privados, a tener cierto nivel de patrimonio para poder colocar recursos en crédito. Un nuevo “aporte solidario” limitaría la capacidad de los bancos públicos de otorgar créditos. Esto a todas luces va en contra de la reactivación económica y más bien aumenta las disparidades regulatorias en el sistema financiero.
Pedir peras al olmo. El Gobierno, previendo las consecuencias obvias de la propuesta, incluyó un artículo en el proyecto de ley que “prohíbe a todas las empresas recargar el traslado del porcentaje que se establezca sobre la utilidad disponible después del pago de impuestos y cualquier otra carga, a las tarifas o precios cobrados a los usuarios y/o consumidores finales de los bienes o servicios de las empresas públicas”.
¿Cómo es eso posible? ¿Quién pagará entonces este nuevo impuesto si no los usuarios? Si no afectará a los consumidores, ¿Por qué no convertir la medida en permanente en vez de transitoria?
Como no hay almuerzo gratis, las empresas púbicas buscarán la manera de trasladar indirectamente ese impuesto sobre las tarifas o pospondrán proyectos de inversión.
Voracidad fiscal. Esta propuesta refleja el camino que ha elegido el Gobierno para enfrentar la crisis fiscal. El año pasado disminuyó un 38% el gasto de capital y descartó incluir, en el acuerdo con el FMI, distintas propuestas que pretendían reducir el gasto corriente. Hoy estamos urgidos de aprobar el acuerdo con el FMI y con poco tiempo para enmendar una ley que afectará a los más pobres, encareciendo el acceso a servicios esenciales, y que dificultará la reactivación económica, limitando la capacidad de los bancos públicos para otorgar créditos y restringiendo los recursos disponibles de las empresas públicas para financiar proyectos de inversión.
Socio Consultor Ecoanálisis
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