Solo mediante la transformación productiva que permita la producción de bienes y servicios de mayor valor, es posible mejorar sustancialmente el crecimiento económico y el bienestar de la ciudadanía, tal y como lo han hecho los países que hoy pertenecen a la categoría de altos ingresos. Para esto, la clave es el uso intensivo del conocimiento y por ende de la innovación. Es decir, producir nuevos o mejores bienes y servicios, así como procesos, métodos de organización y comercialización.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado la importancia de la compra pública para innovación (CPI). Costa Rica requiere hoy más que nunca avanzar en su transformación productiva para alcanzar mayores niveles de ingreso y por ello, conviene analizar el importante papel que el Estado puede jugar en este campo por medio de la CPI.
La CPI es un mecanismo por el cual el Estado licita la contratación de un producto o servicio que tiene características específicas, que no existe en el mercado y que requiere desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación. Para tener una idea de la importancia de la CPI, basta con recordar que muchas de las tecnologías e innovaciones más disruptivas, como el GPS, el Internet, las prótesis avanzadas, los teléfonos inteligentes, la aviación civil, las luces LED o la leche libre de lactosa, han surgido como respuesta a demandas del sector público.
Hoy en día se reconoce el rol que tiene la demanda y en especial los primeros compradores como determinantes para el surgimiento y posterior éxito de una innovación en el mercado. Según encuestas a empresas, la incertidumbre de mercado es una de las barreras principales para innovar, incluso por encima de la disponibilidad de financiamiento y capital humano.
Las compras públicas representan alrededor del 12% del PIB en países de la OECD, cifra que en América Latina y el Caribe llega al 20%. Por ello, la demanda del Estado y su poder de compra, puede ayudar a crear un mercado lo suficientemente importante para contrarrestar la incertidumbre, estimulando la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D) e innovación, y convirtiéndose en ese primer comprador de productos y servicios innovadores que hagan más eficiente la provisión de bienes públicos (salud, educación, seguridad, medio ambiente). De acuerdo con la literatura, se recomiendan trabajar de manera efectiva en cuatro ámbitos para desarrollar un eficiente programa de CPI:
(1) Creación de un marco amigable para la compra pública de innovación. Esta etapa incluye poner en práctica procedimientos tales como consulta al mercado para sondear tecnologías emergentes, diálogo competitivo para ajustar las soluciones a las necesidades públicas, etc. Un tema importante es prever que la propiedad intelectual de la innovación, si bien pertenece al innovador, cuente con licencia automática a costo cero para el servicio público que la financió, lo cual permite a la empresa innovadora explotarla en terceros mercados.
(2) Estimular la demanda en el sector público por soluciones innovadoras. Esto consiste en llevar a cabo estudios de prospectiva y consultas de mercado, para definir qué tipo de necesidades y soluciones el sector público va necesitar, en diversos sectores, en un horizonte de cinco años. La idea es que se pueda generar un pipeline (portafolio) de desafíos del sector público, cuya solución no exista en el mercado y que sean abordables por el sector privado dentro de las capacidades tecnológicas que estos tienen o que puedan desarrollar en el corto plazo.
(3) Comunicación de necesidades y desarrollo de prototipos. Esta fase se enfoca en comunicar al sector privado el o los desafíos públicos a resolver mediante la innovación, informando no las especificaciones –que son desconocidas para algo que no existe todavía- sino las funcionalidades de la solución esperada.
(4) Adquisición de soluciones innovadoras. Esta última etapa básicamente consiste en la adquisición de la solución. Debido al riesgo de que los empresarios no quieran participar en un proceso donde ya dieron a conocer su prototipo, así como el problema que es la aversión al riesgo del comprador público, es necesario establecer los incentivos apropiados para atender este tipo de retos.
Bien harían las autoridades costarricenses en estudiar la experiencia de aquellos países que han implementado exitosos programas de CPI y diseñar e implementar un programa nacional en este campo. Esta tarea recaería al menos en el Ministerio de Hacienda mediante el sistema integrado de compras públicas (SICOP) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
Socio Consultor Ecoanálisis
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