Todos clamamos por disminuir el desempleo y la informalidad, algunos recordamos el deber nacional de atender eficientemente a las familias en condición de pobreza y muchos reclamamos acciones del gobierno para reactivar la economía.
Pero no parece que mejoremos.
La economía cada día crece menos y cuatro sectores importantes para la creación de puestos de trabajo formales disminuyen su nivel de producción (agricultura, construcción, comercio y manufactura sin zonas francas), el desempleo crece, y entraron en vigor impuestos –necesarios- pero que tienen un primer impacto que desalienta la producción. Además de los hechos objetivos, las encuestas siguen señalando deterioro en las expectativas de consumidores y empresarios.
En el primer trimestre de 2019 respecto a igual fecha del año anterior, la fuerza laboral creció en 214.252 persona de las cuales 159.172 fueron mujeres, de manera que se aumentó la tasa de participación laboral muy fuertemente, 4,7 puntos porcentuales (p.p.). La tasa de participación de las mujeres se incrementó 7,8 p.p. Buena parte de ese aumento de la oferta laboral quedó desempleada, pues el número de desocupados creció en ese año en 47.197 trabajadores, la mayoría de los cuales de nuevo fueron mujeres, 32.124 La tasa de desempleo creció un p.p., y la de las mujeres aún más.
La información más reciente es la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del II trimestre de 2019, que se dio a conocer a principios de este mes de agosto. Esta información viene a confirmar lo que nos había señalado el trimestre anterior: una muy importante incorporación de personas a la fuerza laboral (continuó creciendo respecto al trimestre anterior), y un incremento proporcionalmente mayor de la cantidad de desempleados. La tasa de participación subió respecto a 2018 en 2,1 p.p. y en 0,6 p.p. respecto al primer trimestre. Esta vez el aumento del desempleo no fue tanto mayor en las mujeres. La tasa de desempleo creció anualmente 3,2 p.p. y 0,6 p.p. respecto al primer trimestre.
Estas cifras justificadamente dramatizan la importancia de la reactivación.
En una economía con libertad de mercado y competencia, la producción y la generación de nuevos puestos de trabajo no son resultado directo de la acción gubernamental, el 84 de los empleos son generados por el sector privado. El gobierno solo contribuye directamente al empleo y a la reactivación con el empleo público y la creación de infraestructura.
Claro que para acelerar el crecimiento son de enorme importancia las políticas públicas que como el orden jurídico y regulatorio, la fiscalidad y las normas monetarias capacitan a los trabajadores y facilitan el ahorro, la inversión y el crecimiento de la productividad. Ellas son el marco dentro del cual los agentes económicos privados generan sus expectativas y toman sus decisiones, pero son ellos quienes las toman, tratando de incrementar su satisfacción y su bienestar. También es cierto que la eficiencia en la operación de los servicios públicos, y los servicios de educación y salud, así como la provisión de infraestructura, afectan el crecimiento del PIB, pero especialmente a mediano y largo plazo.
En las precarias condiciones fiscales que prevalecen aún después de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la creación gubernamental de empleo que no incremente rápidamente la productividad, tendría un resultado mucho más perjudicial que beneficioso pues se aceleraría el crecimiento de la deuda pública y volveríamos a estar en peligro de una fuerte crisis financiera.
Por eso la regla fiscal aprobada (que es fundamental para que el ajuste a las finanzas públicas tenga efecto) establece que el gasto corriente debe crecer menos respecto al PIB si la deuda pública aumenta su peso con relación al tamaño de la economía.
Este límite es solo para el gasto corriente y no para la inversión mientras la deuda no sea mayor al 60% del PIB.
En las circunstancias actuales se llegará a sobrepasar ese límite en 2020, por lo que ya en 2021 el límite de crecimiento de la regla fiscal afectara todo el gasto público, incluyendo la inversión. Esto limitará aún más la capacidad del gobierno para estimular directamente la producción.
Desdichadamente la inversión pública viene disminuyendo a causa de los entrabamientos burocráticos y el exceso de innecesarios controles, la falta de adecuada preparación de los proyectos y de eficiencia en su ejecución, y la ausencia de concesión de obras públicas por prejuicios ideológicos y miedos de los últimos gobiernos.
El año pasado la inversión pública en nuevas construcciones en términos reales disminuyó en un 4%, y en su revisión del Programa Macroeconómico considera el BCCR que este año -después de que inicialmente se había proyectado un aumento- de nuevo disminuirá, ahora en un 5,9%. Para peores, estima que en 2020 otra vez disminuirá, en un 6,4%.
En carreteras, caminos y puentes, si hay un incremento de la construcción este año pero menor al estimado hace 6 meses. En construcciones escolares, otras edificaciones, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados, el BCCR prevé grandes disminuciones este año y el entrante.
Es indispensable que eso no se dé, para lo cual se requiere un gran esfuerzo focalizado del gobierno en la generación de infraestructura.
Este es el campo específico en que a corto plazo más puede hacer el gobierno para reactivar y generar empleo, lo que mejoraría las expectativas y por consiguiente la demanda de empresarios y consumidores.
Además, daría una base más alta desde la cual aplicar las limitaciones de la regla fiscal a la inversión de 2021 en adelante.
Dado el futuro límite al gasto total del gobierno, en lo que resta de este año y en el entrante, se debería multiplicar los esfuerzos en disminuir el gasto corriente y dejar más espacio para la inversión y en preparar proyectos de concesión que permitan acelerar la construcción de infraestructura de 2021 en adelante.
Acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura, descentralizar su ejecución obteniendo la cooperación de entes locales (juntas de educación, organizaciones comunales, municipalidades, empresas constructoras de vivienda popular) y adjudicar pronto concesiones es la más importante tarea para la pronta reactivación que puede realizar el gobierno.
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