Las cifras de desempleo son espeluznantes: actualmente la tasa de desempleo ampliado ronda el 20%, cerca de 500 mil costarricenses no encuentran una ocupación. La tasa de subempleo, por su parte, es del 17%, es decir, más de 400 mil ciudadanos sólo puede laborar jornadas parciales, o ganar menos del salario mínimo. Asimismo, un 46% (poco más de un millón) del total de ocupados son informales, o sea, no gozan de la protección social. La mayoría son mujeres jefas de hogar, jóvenes, personas con bajo nivel educativo y ubicados en los deciles inferiores. Esta situación se empeoró con la pandemia, pero ya era inmanejable desde antes. Parecieran números fríos, pero no, son personas de carne y hueso que están enfrentando esta catástrofe nacional. Estamos entre los peores a nivel latinoamericano.
El problema reviste múltiples facetas, dentro de las cuales destacan las siguientes: económica, porque casi ningún ser humano sin trabajo puede contar con fuentes de ingreso para atender sus necesidades básicas. Social, porque si las personas no tienen como satisfacer sus necesidades básicas, podrían verse obligadas a delinquir, aunque no esté dentro de sus genes esa posibilidad. Política, porque los gobernantes y el marco
institucional deberían ocuparse porque sus habitantes dispongan de las fuentes de empleo para tener una vida digna; es una obligación moral realizar todos los esfuerzos necesarios para brindar oportunidades de trabajo a la población.
El empleo siempre ha constituido una preocupación en las sociedades modernas y civilizadas; por ello es usual que las constituciones y diferentes leyes otorguen un lugar prioritario. Cuando el sistema productivo no genera los trabajos requeridos, los países desarrollados cuentan con seguros de desempleo temporales y una amplia red de protección social. En los últimos tiempos incluso algunos han intentado aprobar la posibilidad de otorgar un ingreso básico mínimo, pero con muchos cuestionamientos y poca viabilidad económica. Las naciones menos desarrolladas usualmente no disponen de estas facilidades. No tener la oportunidad de encontrar un empleo es muy estresante para cualquier ser humano, pero es aún más traumático cuando se trata de las personas más vulnerables.
De conformidad con la presente coyuntura económica y las diferentes perspectivas, esta caótica situación de desempleo no tendrá solución en el corto plazo. El país crecerá a tasas inferiores al 3% y no será hasta dentro de varios años que podrá sobrepasarse el ingreso per cápita previo a la pandemia, el cual ya se había estancado y no era muy satisfactorio. En el mejor de los casos se irá mejorando paulatinamente, pero el problema persistirá durante un período prolongado. A juicio del Banco Central de Costa Rica: se proyecta que en los próximos dos años la economía costarricense mantendría una brecha de producto negativa y un nivel de desempleo por encima de la tasa que estabilizaría la inflación. Hay que adoptar las acciones necesarias para mejorar esta delicada situación.
La opinión pública y muchos economistas han abogado por la aprobación de los proyectos acordados para contar con la venia del Fondo Monetario Internacional. La deuda pública y el déficit fiscal se han constituido en los principales escollos para garantizar la estabilidad financiera en el corto plazo. El exceso de gastos de baja calidad económica y social, en
relación con los ingresos, ha afectado también la capacidad productiva, desplazado al sector privado y aumentado la desigualdad social. Es imprescindible disponer del apoyo financiero y especialmente del respaldo técnico de este organismo internacional, para empezar a atender esta problemática y generar la confianza en los mercados financieros.
Es muy probable, sin embargo, que en el corto plazo las medidas contenidas en el referido programa por sí solas sean contractivas. La reducción relativa de gastos del gobierno y el aumento de impuestos reducen la demanda. Durante este año además, el deterioro en los términos de intercambio como consecuencia del incremento en los precios de los hidrocarburos, disminuirá el poder adquisitivo de la población. Si no se crean las condiciones y se mejora el ambiente de negocios, la mayor inversión privada esperada no será suficientemente compensatoria. La solución fiscal es una condición necesaria y mínima para restaurar el crecimiento, pero está muy lejos de ser suficiente. Por ello es imperativo que el programa de servicio ampliado sea complementado con la mayor cantidad de iniciativas tendentes a reactivar la actividad productiva. Estamos en una especie de trampa de liquidez, donde la única alternativa es ejecutar políticas de oferta.
Nuestro país adolece de muchos costos, regulaciones, distorsiones y trabas que reducen la competitividad y consecuentemente la rentabilidad de los proyectos. La inversión, uno de los principales motores del crecimiento y de la confianza de los agentes económicos, se estancó en los años 2017 y 2018 y cayó 5.4% en el 2019 y 4.1% en el 2020. Para acelerar el crecimiento y la generación de empleo hay que estimular nuevamente la inversión en distintas actividades y emprendimientos. No se justifica en condiciones normales y mucho menos en medio de esta calamidad nacional, establecer trabas adicionales a los nuevos proyectos. Es una obligación legal, pero especialmente moral, generar las condiciones para que sus habitantes encuentren las oportunidades de empleo.
El desempleo se ha convertido en una emergencia nacional y requiere de acciones extraordinarias; es necesaria una actitud proactiva por parte de las diferentes autoridades. Los proyectos de ajuste fiscal en la corriente legislativa deben complementarse con medidas que contribuyan a dinamizar la inversión privada. La generación de nuevas fuentes de trabajo debería estar por encima de cualquier regulación; no es momento para más obstáculos. Por ello el denominado Acuerdo de Escazú y la pretensión de la Junta Directiva de la CCSS de establecer nuevas reglas para los trabajadores independientes, no podría ser más inoportuno. Una sociedad civilizada y solidaria no debería menospreciar ni desatenderse de esta problemática; esto sí debería constituirse en un verdadero derecho humano.
Socio Consultor Ecoanálisis
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