La informalidad laboral o trabajo informal es aquella que engloba todas las ocupaciones y formas de producción que son ejercidas por personas o empleados que reciben ingresos cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. Tomando en cuenta esta definición, cabe preguntarse ¿qué tan importante es la informalidad en Costa Rica y cómo ha evolucionado en los últimos años? Así también, ¿cómo la informalidad afecta las posibilidades reales de generar nuevas y mejores fuentes de empleo en el país?
En un reciente estudio publicado por la Fundación Friedrich Ebert sobre la informalidad laboral en Costa Rica (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16559.pdf), se muestra un crecimiento de la informalidad en los diferentes sectores productivos del país durante el período 2010 a 2019. Así, en la agricultura la informalidad laboral ha pasado de un 49% en el año 2010 a un 61% en el año 2019, mientras en la industria manufacturera de un 31% a un 36%. Por su parte, en el sector de servicios (el cual es el más grande del país) la informalidad ha crecido también de forma importante, aunque de manera diferenciada entre los servicios tradicionales como transporte y almacenamiento (de 49% a 66%), alojamiento y servicios de comida (de 44% a 63%), actividades inmobiliarias (de 31% a 40%) y los sectores más modernos y dinámicos como información y comunicaciones (de 28% a 9%) y actividades financieras (de 4% a 5%).
En promedio, la informalidad laboral en Costa Rica ha llegado a alcanzar el 45% a finales del año 2020, luego del primer año de crisis producto de la covid-19. Además, tal y como se observa en el siguiente gráfico, este problema ha tenido una tendencia creciente desde el 2010.
Los anteriores resultados están relacionados a problemas de índole estructural de la economía costarricense que, de no atacarse apropiadamente, seguirán condenando a cientos de miles de trabajadores a no tener un empleo digno (despidos sin aviso y compensación, tiempos de trabajo extraordinarios obligatorios, pago de salarios fuera de tiempo, incumplimiento en el pago, bajos salarios, etc) ni garantías laborales (sin pensiones ni seguro de salud).
Es bien sabido, además, que las actividades productivas informales poseen muy bajos niveles de productividad, lo cual afecta negativamente la productividad agregada del país y, por ende, las posibilidades de generar más y mejores fuentes de empleo. A lo anterior, también debe sumarse el hecho de perder capacidad en la recolección de ingresos tributarios necesarios para suplir importantes servicios públicos de calidad a la ciudadanía, como por ejemplo educación, salud y seguridad ciudadana. En momentos como los actuales de crisis fiscal, el combate de la informalidad mediante políticas apropiadas debería constituirse en una prioridad nacional.
Varios países han adoptado políticas tendientes a combatir la informalidad, por ejemplo: (i) reducir los costos laborales, mediante la reducción de la base mínima contributiva, la reducción y reasignación de las cargas sociales, el establecimiento de mono tributos y el ajuste y simplificación de los salarios mínimos; (ii) simplificación de trámites cuyos costos hacen muy difícil la operación formal de las empresas, en especial de las más pequeñas y nuevas; y (iii) fortalecimiento de la productividad de las pequeñas y las microempresas. En Costa Rica no hemos querido entrarle en serio a este tipo de políticas. Ello quizás, debido a la carencia de una institucionalidad apropiada para diseñar, implementar, monitorear y evaluar periódicamente los resultados de las políticas para el combate de la informalidad.
El panorama del país se vuelve aún más oscuro hoy día, debido al crecimiento del desempleo y el subempleo desde que inició la pandemia. Más aún, tal y como se muestra en el siguiente gráfico, pareciera que ambas características del mercado laboral no se están reduciendo de manera significativa conforme la economía muestra signos de recuperación, excepto en aquellas actividades más dinámicas asociadas al comercio exterior. Así, otro reto para las futuras autoridades es plantearse un conjunto de políticas y programas de apoyo para fomentar la reactivación económica, incrementando al mismo tiempo la capacidad de crecimiento de largo plazo y con ello la generación de más y mejores fuentes de empleo.
En síntesis, la economía costarricense enfrenta dos importantes retos sociales -el crecimiento de la informalidad y la baja reducción en las tasas de desempleo y subempleo-, los cuales, de no atenderse debidamente, ponen en riesgo la estabilidad social y el régimen democrático que hemos disfrutado hasta ahora. Por ello, en vísperas de las próximas elecciones presidenciales, es crucial que los diferentes partidos políticos incorporen en sus programas de gobierno, planteamientos concretos para solucionar ambos retos. No solo deberán indicar qué políticas y programas van a implementar, sino también cómo van a mejorar el marco institucional para realmente monitorear y evaluar tales políticas y programas. Solo así podremos saber si estos esfuerzos funcionan y en caso contrario, tomar las acciones correctivas para alcanzar los objetivos planteados.
En este mismo orden de ideas, cabe señalar que, en un estudio reciente realizado por Charles Sabel y Piero Ghezzi (http://www2.law.columbia.edu/sabel/papers/QualityHurdle_Nov-6-2020.pdf), se señala que las visiones dominantes sobre informalidad y desarrollo no enfatizan lo suficiente el potencial de las empresas informales de menor tamaño que han escapado de la subsistencia, pero no logran insertarse en cadenas de valor dinámicas modernas. Esta llamada de atención debe ser tomada en serio, ya que señala el potencial que estas empresas ofrecen para obtener ganancias agregadas de productividad y empleo formal, reduciendo al mismo tiempo la preocupante dualidad entre sectores exitosos y muy dinámicos, ligados fundamentalmente a las exportaciones de bienes y servicios, y otros sectores más rezagados, típicamente orientados al mercado nacional y constituidos por empresas de baja productividad y pequeñas. Las futuras autoridades deberían fortalecer la institucionalidad y desarrollar con mayor fuerza el incipiente programa nacional de clústeres, especialmente en actividades de alto potencial como son: Salud y bienestar; Agronegocios y Turismo sostenibles; Cuidado personal; Comercio electrónico y Plataformas digitales; y Energías renovables.
Socio Consultor Ecoanálisis
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