En el caso de la banca comercial costarricense se debe iniciar por reconocer que la función de producción ha cambiado drásticamente en las últimas semanas, en lugar de tomar liquidez (recursos de agentes superavitarios) y asignarlos (a agentes deficitarios) de manera que se maximicen sus ganancias, los bancos actualmente han visto una reducción en el flujo de liquidez, ya que los agentes son menos superavitarios por la menor actividad económica. Asimismo, los agentes han también procedido a retirar parte de su liquidez ahorrada para afrontar la menor actividad. Además, los bancos se han enfrentado con la necesidad de renegociar los créditos, de manera tal que los repagos se han pospuesto varios meses y esto también ha reducido el ingreso de recursos, por tanto, ahora su función de producción ha cambiado a maximizar la duración y permanencia de la liquidez actual, para afrontar sus costos de operación.
Las implicaciones de esta nueva realidad, es que la liquidez que los bancos locales tengan actualmente ya está asignada para afrontar obligaciones futuras y contingencias de la situación. Por tanto, es imposible esperar que estos recursos puedan ser asignados a nuevos créditos y más aun con condiciones especiales.
Es en estas circunstancias, que se han dado en la mayoría de los países; los bancos centrales han procedido a crear diferentes líneas de crédito para las entidades financieras. Para el caso del Banco Central de Costa Rica es argumentable que su Ley Orgánica en su artículo segundo le faculta a dar crédito a la banca comercial, ya que dice: “promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación”. Es decir, el BCCR podría conceder créditos con el propósito de promover el ordenado desarrollo de la economía en las condiciones que este determine.
Dado esto, en Costa Rica se podría pensar que los bancos necesitarían inicialmente al menos 2 líneas de crédito para enfrentar la realidad. La primera una línea para proveerles de liquidez para su normal funcionamiento, dado lo mencionado anteriormente sería necesario evitar que un banco no pueda devolver los depósitos a sus ahorrantes o que no pueda pagar sus obligaciones a sus proveedores y crear una corrida por desconfianza de su situación financiera. Esta línea podría ser garantizada con los títulos valores que los bancos ya poseen dentro de sus activos por razones regulatorias y de estrategia propia.
La segunda línea tiene que ver más con las solicitudes de las autoridades de apoyo a la actividad económica. La situación actual hace que la mayoría de las actividades económicas tengan un perfil de riesgo y de utilidad diferentes al pasado por tanto los bancos necesitan fuentes de fondos que puedan responder a esta realidad, es decir con menor costo y estabilidad temporal que permita realizar los préstamos a los plazos necesarios para asegurar que sean repagados exitosamente. En este caso, las garantías deberían ir desde algún excedente los títulos utilizados en el caso anterior hasta carteras de crédito que sigan siendo viables y rentables.
Existe además una contingencia adicional, qué sucede con los préstamos a actividades que no logran superar exitosamente la crisis actual. En un entorno normal los bancos asimilan estas pérdidas y las descuentan de sus utilidades para asegurar que los depositantes obtengan sus recursos. Sin embargo, cuando las utilidades de los bancos se ven disminuidas como en el entorno actual y además los prestamos más riesgosos fueron realizados a solicitud de las autoridades económicas del país (caso específico de los bancos estatales) puede existir la necesidad de una línea de crédito adicional para cubrir temporalmente estas pérdidas y que debería ser repagada con utilidades futuras. En este caso se podría implementar también una línea de crédito que garantice la estabilidad del sistema financiero, sin embargo, esta línea de crédito a diferencia de las dos primeras debería, idealmente, ser garantizada al Banco Central por el Ministerio de Hacienda.
Esto crea la posibilidad de una línea adicional de financiamiento, la que tendría el mayor potencial de controversia, ya que esta vez sería dirigida al Gobierno. Esto ya que los ingresos de este dependen mayoritariamente de la actividad económica, que justamente se ha visto reducida sustancialmente. Por tanto, es previsible que no tenga los recursos para hacerle frente a los eventos que necesiten ser últimamente garantizados. Esta sería una línea de crédito del Banco Central al Gobierno con un plazo similar al necesario para que este recupere su nivel normal de ingresos. Esta línea también cumple la función de alinear incentivos en el proceso de asignación de créditos, ya que sin ella el gobierno podría obligar a la banca a prestar a actividades que ciertamente tienen muy poca oportunidad de sobrevivir. Al darle el incentivo a los bancos de dar prioridad a las actividades y empresas con mayor probabilidad de sobrevivir también se asegura una mejor probabilidad para el Gobierno de recolectar en un futuro cercano impuestos de estas empresas exitosas que ayudaran a solventar los costos fiscales de la crisis.
Se debe reconocer que está última línea de crédito tiene dificultades legales al ser un préstamo directo del BCCR al Gobierno y por tanto necesitaría utilizar un mecanismo similar al de las letras del tesoro, aunque con alguna modificación legal en términos de temporalidad y costo para hacerlo dentro del marco legal existente y previsto por los legisladores.
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