Bajo la coyuntura que vive Costa Rica es imperativo buscar soluciones que nos permitan solventar la crisis económica en la cual estamos inmersos. Desde 2018, han sido diversas las reformas planteadas para afrontar la crisis que vivimos; no obstante, la mayor parte de dichas propuestas se enfocan en incrementar los ingresos y reducir los gastos del Gobierno, pero se han dejado de lado aquellas que procuran fomentar el crecimiento.
Las métricas utilizadas para examinar la condición de las finanzas del Estado, como la deuda pública y el déficit fiscal, son usualmente reportadas como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). De esta forma, mejorar estos indicadores se puede lograr tanto reduciendo la deuda y el déficit, como incrementando el PIB, pues ambos conllevan al mismo resultado. Dicho esto, a pesar de que se están realizando esfuerzos para reducir el déficit y la deuda, hacen falta políticas para promover el crecimiento económico.
Esta situación no es nueva, ya que la administración actual no ha sido capaz de presentar un plan concreto para reactivar la economía desde que asumió las riendas del país en 2018.
Teniendo en cuenta la delicada situación de Costa Rica, se esperaría que, desde los diferentes poderes de la República, se comiencen a proponer políticas para que el país retome las senda de crecimiento; sin embargo, para sorpresa de muchos, desde el Poder Legislativo surgen iniciativas como gravar a las Zonas Francas.
Según CINDE, las Zonas Francas han generado alrededor de 3,200 empleos durante la pandemia. Además, por cada dólar de incentivo fiscal, las empresas de Zona Franca contribuyen con US$2,5 a la economía. Aun cuando los partidos de oposición, al igual que el nuevo ministro de Comercio Exterior, han externado su rechazo a imponer nuevos impuestos al régimen de Zonas Francas, preocupa saber que se plantean iniciativas que vayan en contra de las políticas de crecimiento que requiere el país.
Es probable que el país necesite de más impuestos para salir de la recesión en la que nos encontramos, esto incluso si se llegaran a aprobar proyectos como La Ley de Empleo Público u otros que pretendan recortar el gasto del Gobierno. Se debe de analizar el costo y beneficio de incrementar un impuesto existente o crear uno nuevo, para así tomar una decisión que tenga el menor impacto sobre los mercados y que también beneficie a las finanzas del Estado.
Con el fin de contextualizar la percepción de los impuestos existentes en el país sobre los mercados podemos usar como referencia el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Costa Rica ocupa la casilla número 96 en el indicador “Efecto distorsionador de impuestos y subsidios sobre la competencia”, el cual hace referencia a la pregunta “En su país, ¿en qué medida las medidas fiscales distorsionan la competencia?”. Es decir, de 141 países analizados por el estudio, existen 95 países por delante de Costa Rica en el cual se percibe que los impuestos y subsidios afectan en menor medida la competencia. Por consiguiente, tenemos espacio suficiente para mejorar en este tema y las políticas a tomar deberían facilitar, o al menos no entorpecer, la competencia e inversión en nuestro país.
En síntesis, ante un panorama económico complejo, Costa Rica necesita comenzar a formular políticas robustas para promover el crecimiento – las propuestas de la mesa multisectorial son un comienzo, pero se les deben de dar seguimiento y ser complementadas. Una de las temáticas que puede ser fortalecida es la Inversión Extranjera Directa, que según la Organización para la Cooperación y le Desarrollo Económico ha sido fundamental para el desarrollo del país en los últimos años. Finalmente, recordemos que Costa Rica está en competencia con el resto del mundo para atraer inversión, y si no tomamos medidas adecuadas, otros países aprovecharán estas oportunidades.
Prohibida la reproducción parcial o total sin autorización de Ecoanálisis.
