La segunda acepción que registra el diccionario de la Real Academia Española para resiliencia, es la “capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido”. Si aplicamos este significado al sistema de negociación de la deuda pública costarricense, entonces será muy relevante determinar con que capacidad de recuperación se enfrentarán los diversos participantes del mercado de deuda pública local, para recuperar el estado previo a la perturbación originada por la atención de la pandemia de Covid-19.
Pero antes, una primera advertencia esta opinión no versará sobre la solvencia del tesoro costarricense, es de todos conocidos la fragilidad de las finanzas del sector público costarricense con la que se tiene que enfrentar la atención de la pandemia. El interés se centra sobre los beneficios de que buenos mercados de activos financieros se convierten en transmisores de información para el resto de agentes económicos.
Una primera acotación, que es necesario realizar es que el mercado de deuda público costarricense típicamente muestra una mayor fuerza de venta que fuerza de compra, esto en condiciones normales. Con lo cual, las referencias con las que cotiza la deuda son bastante difusas para el resto de agentes económicos. Ahora bien, en situaciones de tensión, es altamente probable que la poca fuerza de compra tienda a desaparecer y se ubique en niveles mínimos. La principal consecuencia de este comportamiento, es la no observancia de ajuste en los precios de los activos financieros con que cuenta la economía costarricense.
Entonces, una primera capacidad que será relevante es la continuidad de la operación en los mercados de deuda. Concretamente, esta capacidad no se ha visto afectada, al momento de escribir esta opinión, no se ha detenido en ningún día la operación del mercado secundario, desde la declaratoria de emergencia a inicios de marzo del presente año.
Si la continuidad de la operación no se ha visto afectada, la segunda capacidad que deberá preservarse es que como mínimo se logren mantener los volúmenes de negociación previos a la perturbación. Concretamente, en este punto será de vital importancia, no solo el buen funcionamiento del mercado secundario de deuda pública en los sistemas de negociación de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), sino también la no observancia de perturbaciones en cada uno de los diferentes mercados del dinero que operan en el país.
Respecto a esta capacidad, se ha de indicar que una vez que se superó el temor de la imposibilidad de atender los requerimientos de liquidez por parte de las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), para atender las solicitudes de retiro de los afiliados al Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Ya sea porque los gestores del FCL contaban con la liquidez o pudieron obtener dicha liquidez intercambio valores con otros inversores colectivos (Fondos de Pensión o Fondos de Inversión); o porque el mercado se tranquilizó con el anuncio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de intervenir en los mercados secundarios de deuda pública. El mercado de deuda pública ha mostrado en las últimas tres semanas incrementos en sus volúmenes de negociación, que coincide con el anuncio por parte del BCCR. Por ejemplo, durante la semana pasada (del 4 al 8 de mayo) se negoció un monto total facial de ₵ 69.276,5 millones en títulos valores denominados en colones y un monto facial de $ 45,7 millones en valores denominados en dólares, mientras que durante la semana previa (del 27 de abril al 1 de mayo) se negoció un total de ₵14.828,7 millones en títulos valores denominados en colones y un monto facial de $15.6 millones en valores denominados en dólares.
Por último, la tercera capacidad que deberá fomentarse es una distribución simétrica de la información, deberá existir claridad de cómo se financiará un mayor déficit fiscal esperado para este año, así como el vencimiento de obligaciones programadas para los próximos meses. Conforme a lo publicado por el Ministerio de Hacienda (MH), este año se requiere un financiamiento bruto del 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero a hoy solo se tiene un esbozo de que un 7,1% será financiado con financiamiento de organismos multilaterales y un 5,4% en el mercado de deuda interna local. Si este plan no se define de manera más clara, o se complementa con otras medidas, la incertidumbre minará la confianza de los operadores del mercado. No contar con esta capacidad de difundir información simétrica podría llevar al traste la resiliencia del mercado de deuda pública loca.
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